La corrupción es una de las razones por las que GRC mismo existe bajo el enfoque integrado de gestión corporativa, auditoría y regulaciones: derivado de los escándalos financieros de Enron y WorldCom surge la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), antecedente directo de los esfuerzos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo que este acrónimo cristaliza hoy, para evitar fraudes, falta de transparencia e impunidad como en aquellos casos, que son facetas de la corrupción.
Por su parte, actualmente el índice de percepción de la corrupción en Latinoamérica es alarmante: al cierre de 2023, la puntuación promedio de la región de Latinoamérica fue de 36 puntos sobre 100, con casi dos tercios (66%) de los países recibiendo una puntuación menor a 50 puntos, es decir, más que “reprobados”.
Ante tal situación, se ha creado un verdadero mar de leyes anticorrupción que varían de país a país, que pretende castigar estas prácticas. Surge así la necesidad de un cumplimiento normativo anticorrupción que evite sanciones legales y financieras, preservando la reputación e integridad de las organizaciones.
En este contexto, la implementación de prácticas de control efectivas se vuelve indispensable, especialmente en sectores donde la confianza es la moneda de cambio más valiosa.
La corrupción representa un riesgo significativo en América Latina, afectando negativamente a la integridad corporativa y la confianza pública. Las leyes y el cumplimiento normativo anticorrupción, aunque varían, tienden a alinearse con estándares internacionales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y la Ley Antisoborno del Reino Unido, apuntando a prevenir la corrupción de funcionarios tanto nacionales como extranjeros.
Una evaluación de riesgo exhaustiva es el primer paso para identificar vulnerabilidades y diseñar estrategias efectivas de mitigación. Esto implica un análisis detallado de operaciones en zonas de alto riesgo, interacciones con el sector público y áreas susceptibles a la corrupción.
En ORCA, hemos trabajo tanto con la iniciativa privada, de hecho, en el sector financiero, como con dependencias de gobierno, y en nuestras evaluaciones de riesgo hemos implementado controles para prevención de lavado de dinero, así como también hemos conducido auditorías forenses sobre riesgos ya materializados.
La debida diligencia es fundamental para comprender con quién está haciendo negocios una organización. Esto incluye la verificación de antecedentes de terceros y la evaluación de su compromiso con prácticas anticorrupción.
También es importante verificar en listas restrictivas el perfil de proveedores con los que nuestros clientes desean hacer negocios, en busca de deudas no pagadas, por ejemplo, para tomar mejores decisiones y situar con la mayor certeza posible a los terceros en su nivel de riesgo adecuado.
En el sector financiero, es clave estar en contacto con las áreas encargadas de prevención de lavado de dinero (PLD) e incluso las de financiamiento al terrorismo en Colombia.
Los programas de cumplimiento normativo anticorrupción deben ser flexibles y adaptarse a los cambios legislativos y operacionales, asegurando que las políticas y procedimientos reflejen el panorama de riesgo actual.
De vuelta al ejemplo del sector financiero, en México es obligación que las instituciones designen a un oficial de cumplimiento que establezca controles como identificación y conocimiento del cliente (Know Your Client), la reportación de operaciones inusuales o sospechosas, y la conservación de registros; además, la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) exige que este oficial tenga una certificación vigente en PLD.
Canales de reporte seguros y anónimos son esenciales para promover una cultura de integridad, permitiendo a empleados y terceros compartir preocupaciones sin temor a represalias.
La incorporación de tecnología avanzada y análisis de datos puede revolucionar la manera en que las organizaciones monitorean y detectan posibles actos de corrupción, automatizando tareas de cumplimiento y mejorando la eficiencia operativa.
Es el caso de las auditorías forenses, por ejemplo, que se centran no en el volumen total de transacciones operadas por cierta organización, sino en aquellas que muestres un comportamiento atípico y que, entonces, es escudriñada.
De esta manera se optimiza el tiempo en operaciones altamente sospechosas, mientras que aquellas que tienen el comportamiento esperado, aún son procesadas y documentadas, pero no con la urgencia y atención inmediata que las otras, pero permitiendo volver sobre ellas gracias a la propia tecnología que la registro como una actividad habitual.
Implementar un programa de cumplimiento normativo anticorrupción efectivo en América Latina no solo cumple con las obligaciones legales, sino que también sienta las bases para un negocio ético y sostenible.
Los directores de cumplimiento juegan un papel crucial en este proceso, liderando con el ejemplo y asegurando que sus organizaciones no solo sobrevivan sino prosperen en el dinámico entorno empresarial de la región.
La adopción de estas prácticas no solo mitiga los riesgos legales y financieros, sino que también mejora la eficiencia operativa, la percepción del mercado y fomenta relaciones comerciales éticas, subrayando el valor intrínseco del cumplimiento normativo anticorrupción para la resiliencia y el éxito organizacional.
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